Chile Expande la Fiscalización de Arrendamientos de Propiedades
El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile ha anunciado la expansión de sus esfuerzos para recopilar información sobre arrendamientos de propiedades con el objetivo de cruzar datos de contribuyentes y fortalecer la fiscalización de empresas e inversionistas. Esta medida, emitida a fines de agosto a través de la Resolución Exenta Nº 98, impone nuevas obligaciones a inversionistas, instituciones públicas, empresas, fundaciones y otros sujetos obligados a informar sobre sus ingresos derivados de alquileres.
A partir del año tributario 2024, todos los contribuyentes que arriendan propiedades deberán presentar una declaración jurada anual detallando las propiedades en alquiler, sus propietarios y arrendatarios, incluyendo sus números de Registro Único Tributario (RUT) y roles respectivos. Estos datos serán utilizados para alimentar un nuevo asistente de Arriendo de Bienes Raíces disponible tanto para personas naturales como para personas jurídicas durante la Operación Renta del año tributario 2024.
El SII utilizará esta información para llevar a cabo cruzamientos de datos que validarán las declaraciones de impuesto a la renta, especialmente en lo que respecta a los ingresos y gastos de las empresas contribuyentes. Además, esta medida elimina el límite de $30 millones que anteriormente excluía propiedades como estacionamientos y locales comerciales del reporte, abarcando así una gama más amplia de activos inmobiliarios.
Esta nueva obligación se aplicará a todos los arriendos vigentes durante el año comercial 2023, independientemente de la fecha en que se haya celebrado el contrato, ya que la información recopilada se utilizará para analizar las declaraciones de renta a partir del año tributario 2024.
La normativa también marca el fin de la exención de impuestos que afectaba a las propiedades DFL2 compradas antes de 2010 para las personas naturales, lo que supone un cambio en los pagos de impuestos para algunos contribuyentes a partir del próximo año.
La Resolución Exenta Nº 98 ha generado discusión en el sector inmobiliario, ya que también afecta a propiedades agrícolas. La medida busca llenar vacíos en la declaración de ingresos por arrendamientos y mejorar la forma en que se declaran los ingresos generados a través del alquiler.
La declaración jurada deberá ser presentada anualmente a través de internet antes del 25 de marzo de cada año y deberá detallar las operaciones realizadas durante el año anterior. Esta medida tiene como objetivo actualizar las obligaciones de información relativas al arrendamiento de bienes raíces, tanto agrícolas como no agrícolas, ampliando las operaciones y los contribuyentes obligados a presentar información.
Los contribuyentes y entidades obligadas a presentar esta declaración jurada incluyen corredores de propiedades, intermediarios, mandatarios, contribuyentes de primera categoría, órganos y servicios públicos, organizaciones sin fines de lucro, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y contribuyentes sujetos al régimen ProPyme Transparente que arrienden propiedades para el desarrollo de su actividad.
La Resolución Exenta Nº 98 del SII representa un esfuerzo por aumentar la transparencia y la recaudación de impuestos en el sector de arrendamiento de propiedades, al tiempo que brinda a las autoridades tributarias una herramienta adicional para fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
