Gobierno chileno recurrirá al veto presidencial en la Ley de Usurpaciones tras aprobación del Senado

En una decisión que marca un giro significativo en la tramitación legislativa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno chileno recurrirá al veto presidencial para modificar aspectos controvertidos de la recientemente aprobada Ley de Usurpaciones. La iniciativa, que busca sancionar con penas de cárcel las ocupaciones de terrenos, recibió la aprobación del Senado el pasado 30 de agosto con 24 votos a favor.

El veto presidencial se presenta como una medida excepcional para corregir algunos puntos polémicos identificados por el ejecutivo. El principal motivo que ha llevado a esta decisión es la cuestión de las sanciones aplicables a las usurpaciones no violentas. Desde el Gobierno, se propone un veto sustitutivo que categorice las ocupaciones en tres niveles: tomas de inmuebles con intimidación en las personas, con daño en las cosas y usurpaciones que no involucran intimidación ni daño.

Adicionalmente, el Gobierno busca que sea el juez quien determine la adecuación de la sanción, proponiendo la posibilidad de multas y presidio menor en su grado mínimo como medidas punitivas. Este enfoque permitiría una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias específicas de cada caso.

El jefe de bancada de diputados del Partido Comunista, Luis Cuello, expresó su posición, indicando que "lo principal es, por supuesto, suprimir la figura de la legítima defensa privilegiada". Esta referencia apunta a uno de los aspectos que el Gobierno busca ajustar mediante el veto.

En cuanto al papel de los jueces en la determinación de sanciones, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Alvaro Elizalde, destacó que el veto dejará en manos de los jueces la decisión sobre el mínimo de las sanciones. El ministro afirmó: "El marco penal que rige da cuenta de la diversidad de formas en las cuales (se puede castigar a los usurpadores), de acuerdo a las circunstancias que se cometen estos delitos".

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró que "la idea del veto no es cambiar la voluntad del Congreso, pero sí enmendar aspectos de la ley que claramente quedaron mal y que todo el mundo concuerda, en general, que no están bien, así como fue despachado el proyecto".

El proceso de veto presidencial abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la Ley de Usurpaciones, generando expectativas sobre cómo se resolverán los puntos de conflicto identificados por el Gobierno en colaboración con el Congreso.